Mientras la mayoría de los mexicanos no tiene acceso a pruebas para detectar Covid-19 con cargo al erario, en la Cámara de Diputados y el Senado se han destinado 12.2 millones de pesos para aplicar reactivos a legisladores y personal administrativo.
Tras la muerte del senador de Morena, Joel Molina, en la Cámara alta se aplicaron alrededor de 500 pruebas PCR con una inversión de 650 mil pesos. Antes, se había destinado un millón 635 mil pesos en la aplicación de 2 mil 330 pruebas rápidas.
En la Cámara de Diputados, entre julio y octubre se han aplicado alrededor de 10 mil pruebas, en las que se invirtieron 10 millones de pesos.
Representantes de la sociedad civil han reprochado el trato privilegiado que reciben los legisladores.