El llamado plan B de la reforma electoral representa un retroceso de hasta una década en los avances en el desarrollo de urnas electrónicas, ya que sólo se destinará presupuesto a un nuevo diseño impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló el Instituto Nacional Electoral (INE).
El plan B de la reforma, apunta, le impide al INE y a los consejeros continuar con el desarrollo de urnas electrónicas, que incluso ya han sido implementadas en elecciones locales.
El órgano electoral alerta que no deben ignorarse los avances que en materia de urnas electrónicas se han logrado tanto a nivel nacional como en diversas entidades federativas.
Según las recientes reformas aprobadas por la mayoría morenista en el Congreso, el Legislativo deberá crear una comisión de estudio para la implementación del voto electrónico, con la participación del INE y el Conacyt para diseñar este sistema.
Los resultados deberán presentarse al Congreso a más tardar en cinco años y se dispone que no se podrá destinar recursos para el diseño e implementación de sistemas de voto electrónico que sean ajenos a los resultados de los trabajos realizados en conjunto con el Conacyt.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también ha pedido que se implemente un sistema de voto electrónico, similar al de Brasil, a fin de reducir costos y eficientar la entrega de resultados de la jornada electoral.
De acuerdo con los consejeros del INE, esta disposición “implicaría detener todos los avances registrados en los últimos años a través de las pruebas piloto e interrumpir el proyecto de voto electrónico que se ha venido aprobando cada año, además de que no podría utilizarse el gran inventario de urnas electrónicas nuevas que solamente podrían estarse utilizando en elecciones estudiantiles y de otros organismos, como sindicatos o partidos políticos”, apuntan.
Es decir, indican, supedita el diseño e implementación de sistemas de voto electrónico a los resultados de la comisión que al respecto cree el Congreso, limitando al instituto a destinar recursos para diseño e implementación de esa vía de votación que no deriven de esos resultados.