ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, expresa su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos de trasladar en avión hacia el sur de México a personas solicitantes de asilo y migrantes que han sido expulsadas en virtud de una orden de salud pública de Estados Unidos. Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades.
Estos vuelos, a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos, constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con la COVID conocida como Título 42.
El Título 42 impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en EE. UU. La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena – devoluciones sucesivas por parte de diferentes países – de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas normas y principios en todo momento. ACNUR lanzó recientemente una advertencia global contra las iniciativas que delegan a terceros la responsabilidad del asilo o que obstaculizan el derecho a solicitar asilo.
En un momento en el que el flujo de solicitantes de asilo y migrantes en la región ha aumentado considerablemente, los vuelos de expulsión en virtud del Título 42 también pondrán a prueba la ya sobrecargada capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y norte de Guatemala, aumentarán el riesgo de transmisión de la COVID-19 a través de las fronteras nacionales y obstaculizarán las medidas que se están adoptando para compartir la responsabilidad entre los países de la región a la hora de abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y de la migración.
ACNUR ha mantenido desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 que la protección de la salud pública y la garantía del acceso al asilo son totalmente compatibles. Incluso cuando la COVID-19 se ha disparado en algunos momentos, muchos países han puesto en marcha protocolos eficaces, como pruebas de salud sistemáticas, exámenes y medidas de cuarentena, que han protegido simultáneamente y con éxito tanto la salud pública como el derecho humano a solicitar asilo.
ACNUR reitera el llamado realizado en mayo de 2021 por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, para que el Gobierno de Estados Unidos levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Título 42 que siguen en vigor y restablezca el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de él.
ACNUR está dispuesto a apoyar a Estados Unidos, a México, y a todos los países en las acciones y medidas que salvaguardan de manera efectiva la salud pública sin sacrificar el derecho fundamental de cualquier persona que huye de la guerra, la violencia o la persecución a tener acceso a un territorio seguro y a procedimientos de asilo humanos, con prontitud y sin obstrucción, incluyendo los que se propusieron recientemente en el Plan para un Sistema de Inmigración Justo, Ordenado y Humano del Gobierno de Estados Unidos.