En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró que en México el principal obstáculo en este tema es la impunidad.
“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de procesos legales siguieron siendo un problema en todos los delitos, incluyendo los abusos a los derechos humanos”, señala el reporte de 2020 y añade que, de acuerdo con las estadísticas del gobierno mexicano, “94% de los delitos no fueron reportados o bien no fueron investigados. Hubo reportes de algunos agentes del gobierno que actuaron como cómplices de bandas internacionales del crimen organizado y hubo tasas bajas de procesos legales y condenas en estos abusos”.
Entre las principales preocupaciones están la participación de policías, militares y funcionarios de gobierno y grupos armados ilegales “en asesinatos arbitrarios y desaparición forzada”. Subraya las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por casos de tortura, las condiciones que prevalecen en algunas prisiones, los arrestos arbitrarios y los largos periodos que pasan las personas en detención previo a juicios.
Inquietan también “la violencia contra los periodistas y los defensores de derechos humanos; los graves actos de corrupción; la impunidad que prevalece en los casos de violencia contra las mujeres y personas con capacidades diferentes, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y la existencia de las peores formas de trabajo infantil”.
Prevaleció la impunidad en los delitos perpetrados por el crimen organizado, incluyendo “homicidios, tortura, secuestro, extorsión, tráfico humano, sobornos, intimidación y amenazas”, que tuvieron como blanco a grupos vulnerables”, destaca.
El informe hace un recuento de casos en los que entidades del gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios con impunidad. Sobresale el video difundido por EL UNIVERSAL que muestra un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros de un cártel en julio de 2020 en Nuevo León, con saldo de 12 muertos, incluyendo tres civiles inocentes que fueron secuestrados.
En el rubro de libertad de expresión, el informe externa su preocupación por los ataques que reciben periodistas que critican las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno, dice el documento, “no restringió ni interrumpió el acceso a internet, no bloqueó o filtró el contenido web”.
Sin embargo, destaca que en su informe Libertad en la Red relativo a 2019, Freedom House calificó a México como “parcialmente libre” en cuanto a la libertad de internet, y expuso sus preocupaciones por las tácticas de manipulación en línea, “altos niveles de violencia contra reporteros digitales e investigaciones sobre prácticas abusivas de vigilancia”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos subraya que este informe de Freedom House revela que “simpatizantes políticos lanzaron campañas en los medios sociales contra periodistas que criticaron las conferencias de prensa diarias [mañaneras] del presidente López Obrador”.
La libertad de internet está incluida en el apartado del reporte del Departamento de Estado sobre libertad de prensa en México, donde señala que, igual que sucede en general con el tema de los derechos humanos, prevalece la impunidad en los delitos contra los periodistas.
El documento menciona las molestias de actores estatales contra medios críticos, así como la violencia que sufren los periodistas por su trabajo, incluyendo asesinatos, ciberataques, acoso e intimidación “especialmente por parte de agentes estatales y de las bandas o estructuras del crimen organizado”.
Ello deriva, afirma el documento, en “autocensura y una reducida libertad de expresión y de prensa”.
Los perpetradores de la violencia contra periodistas, denuncia el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, “actuaron con impunidad, algo consistente con los altos niveles de impunidad para todos los delitos” en México, considera.