Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 01 de febrero de 2026.- Con esta reforma se establecen límites precisos, reglas definidas y consecuencias efectivas para quienes servimos al Estado. Particularmente cuando el ejercicio del poder público invade la vida interna de las organizaciones sindicales, señaló la diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social.
Lo anterior, durante el trámite legislativo de aprobación del decreto que adiciona el artículo 62 BIS a la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas; y se adiciona el artículo 64 BIS a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Chiapas, mismo que ocurrió en sesión extraordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza.
En su participación en tribuna para exponer sus argumentos en torno a la iniciativa, subrayó : “Con esta iniciativa se busca conectar la ética laboral con la responsabilidad administrativa; en ella se establece que la injerencia de personas servidoras públicas en procesos sindicales, ya sea mediante presión o acción uso de recursos públicos o favoritismo, constituye una falta administrativa grave y eso, lejos de ser una amenaza, es una garantía para la democracia sindical”.
Para exponer sus argumentos en torno a la iniciativa qué privilegia la autonomía sindical, participaron en tribuna las diputadas Getsemaní Moreno Martínez y Silvia Esther Argüello García y el diputado Abundio Peregrino García, quienes coincidieron en que la reforma tiene por objeto evitar coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado, así como obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo, condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales, a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical; así también, ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical.
Recalcaron también que a partir de dicha reforma, ya no se podrán utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical, permitir el uso de instalaciones, vehículos, redes o infraestructura pública para actos de campaña, propaganda sindical, así como intervenir indebidamente en la equidad de procesos sindicales, alterando la neutralidad institucional, negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical y se evitará proporcionar apoyo, servicios institucionales para actividades de campaña sindical, entre otros puntos que abarca la reforma de autonomía sindical.
Con ello, destacaron los legisladores, se privilegia la democracia interna de las organizaciones y se pretende erradicar la injerencia institucional en cualquiera de las áreas.
Con la aprobación de esta iniciativa se fortalece la autonomía del sindicalismo mexicano incorporando herramientas a la ley, que ponga un freno contundente a la corrupción y destierren para siempre los vicios del pasado y con esto, prevenir y sancionar cualquier injerencia perniciosa que atente contra la libertad y la autonomía sindical y los derechos de los sindicatos, a fin de contribuir al combate de la corrupción y defender los derechos de las y los trabajadores.
