El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la liberación por razones humanitarias de personas que se encontraban privadas de su libertad en distintos penales de la entidad, por los beneficios de sentencia suspendida, libertad condicionada, procedimiento abreviado, cambio de medida cautelar y libertad anticipada, como parte de los trabajos que se realizaron en esta administración estatal a través de la Mesa de Reconciliación.
El mandatario reconoció el trabajo responsable del Poder Judicial del Estado, mediante esta estrategia que permitió hacer justicia a la gente que más lo requiere, sin caer en actos ilícitos e irregulares; muestra de ello, es que del 2013 a la fecha fueron liberadas más de 6 mil personas, quienes no han reincidido y han aprovechado su libertad de forma correcta. Tan sólo en esta ocasión fueron beneficiadas 348 personas.
“En Chiapas le apostamos a la justicia humanitaria en la liberación de personas internas y a restaurar el tejido social a través de la reinserción social, con más fraternidad y transformación de las conciencias; lo estamos viendo con quienes han recibido certificados de libertad, quienes no han reincidido, al contrario, se han comportado bien, conviven con su familia y caminan con la frente en alto, aportando al pueblo con su trabajo”, explicó Escandón Cadenas.
Por ello, externó su satisfacción de haber servido a Chiapas y poner en el centro de atención a la gente, sobre todo a la más humilde, pero también por contribuir en este tipo de acciones que se traducen en la búsqueda del bien común y que demuestran que la justicia no sólo implica castigo, sino también la oportunidad de reformarse y favorecer positivamente a la sociedad.
“Me voy nostálgico, por un lado, porque ésta es la última liberación que se hace a través de la Mesa de Reconciliación en mi gobierno. Pero también me voy feliz porque hemos cumplido con la misión de servir y transformar a Chiapas, dejando finanzas sanas, un estado con movimiento económico y miles de obras para el disfrute de la sociedad. Desde las rancherías hasta las grandes ciudades, se pueden constatar todos los beneficios de esta gran transformación de la vida pública del estado y del país”, concluyó.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez, reconoció la voluntad y sensibilidad política del gobernador Rutilio Escandón al ser el principal precursor de este tipo de beneficios, que en esta ocasión se otorga a 328 hombres y 20 mujeres. Señaló que la Mesa de Reconciliación es un instrumento legal que contribuye a la paz y ayuda a transformar la vida de muchas personas.
“Esto no es sólo un acto de justicia, sino un reflejo del compromiso de un gobierno humanista que entiende que cada ser humano tiene el potencial de cambiar y crecer. Este enfoque nos recuerda que detrás de cada historia de privación de la libertad hay una persona con sueños, aspiraciones y la capacidad de reivindicarse. No están solos en este camino, tienen el apoyo de un gobierno que los asistirá en este proceso post-penal para construir un mejor futuro”, expresó.
En representación de las personas liberadas, Enrique Yoni Pérez Álvarez señaló que este beneficio es posible gracias al apoyo del gobernador Rutilio Escandón, así como a la labor de las y los integrantes de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado, quienes dieron seguimiento a todo el proceso que ahora les otorga la oportunidad de reintegrarse a la sociedad con dignidad y esperanza.
“Es un acto de justicia, pero también de confianza en la capacidad de cambio. Hoy demuestran una vez más que las políticaspúblicas impulsadas en esta administración, promueven la unión familiar y están encaminadas al fortalecimiento del sistema penitenciario para la reinserción social, a través de diversas labores”, expresó.
En este evento, donde se instaló el Bazar Penitenciario y la Expo Artesanal, estuvieron presentes: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el vocero de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado, Rafael León González; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo, Susana Sarmiento; y familiares de las personas beneficiadas.
