París.— La comunidad internacional reaccionó ayer con indignación al espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del spyware israelí Pegasus, que en México tuvo como víctimas a por lo menos 50 personas del entorno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Instalado en un teléfono móvil, Pegasus, un programa de la firma NSO Group, permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones de su propietario, además de obtener su ubicación.
El domingo, 17 medios internacionales participantes del Pegasus Project, entre ellos el británico The Guardian, el estadounidense The Washington Post, así como el francés Le Monde revelaron una investigación periodística sobre una lista con más de 50 mil números telefónicos —obtenida por el colectivo de periodistas France Forbidden Stories y la ONG Amnistía Internacional—. Los números corresponden a objetivos de interés de los clientes de NSO, desde 2016, para un posible espionaje.
México es el país con más números en la lista: 15 mil, y ayer se reveló que al menos 50 personas del entorno de López Obrador están incluidas en dicha lista, correspondiente al periodo 2016 y 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Eso no significa necesariamente que sus teléfonos hayan sido hackeados, pero sí que eran considerados “de interés” por los clientes de NSO, que en el caso de México eran la Secretaría de la Defensa (primera en adquirir el spyware, en 2011); la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen, disuelto por López Obrador cuando llegó al poder, en 2018).
La lista incluye a la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; sus hijos: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán. Pío, Pedro Arturo y Martín de Jesús, hermanos de López Obrador, al igual que su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz.
Están prácticamente todas aquellas figuras cercanas al mandatario mexicano: la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; quien fuera su jefe de gabinete, Alfonso Romo; su consejero jurídico, Julio Scherer, o su portavoz Jesús Ramírez Cuevas.
Figuran, a la vez, al menos 45 gobernadores y exgobernadores, así como el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
Los políticos no eran los únicos de interés para los clientes de la NSO, sino también familiares de al menos tres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, y líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de 25 periodistas ya señalados en la revelación del domingo.
El signatario del contrato de Pegasus, en el caso de Ayotzinapa, fue Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, quien huyó a Israel al ser acusado de tortura durante la investigación de ese caso.