Tras 13 años de inconformidad y una asamblea, más de mil habitantes de 22 comunidades indígenas cerraron el 22 de marzo de 2021 el paso a trabajadores y vehículos repartidores de la planta Bonafont, ubicada desde hace 29 años en Juan C. Bonilla, Puebla, a 30 kilómetros de la capital estatal, la cual extraía en ese entonces hasta un millón 700 mil litros diarios de agua.
Cinco meses después, en agosto, los habitantes cerraron el pozo de extracción de aproximadamente 50 metros de profundidad y corrieron al personal de seguridad de la empresa, a la cual señalan de ser la culpable de secar ríos y pozos de la zona.
Este 15 de febrero, a la 1:30 de la madrugada, alrededor de 200 elementos, entre ellos Guardia Nacional, Policía Estatal y granaderos, sorprendieron a los habitantes que estaban de guardia en la planta, la cual habían convertido en el centro “Altepelmecalli”, La Casa de los Pueblos.
El desalojo, ordenado por un juez de control del Distrito Judicial de Cholula, se ejecutó a favor de la empresa Bonafont.
Para el abogado Juan Carlos Flores Solís, la forma en la que fueron retirados los ocupantes, así como la hora en que ejecutó, pondría en duda la legalidad del desalojo.
La empresa denunció que tras la toma de las instalaciones por parte de los manifestantes, estos causaron destrozos al interior, por lo que se abrió una investigación en la Fiscalía de Investigación Metropolitana.
En la carpeta FGEP/CDI/FIM/FIM-1/013980/2021 se aseguró que los daños se dieron en presencia e inacción de autoridades municipales y estatales.
En contraste, alrededor 200 empleados de la embotelladora realizaron bloqueos viales pidiendo el diálogo con autoridades para lograr un acuerdo con las comunidades.