Chilpancingo (07 febrero 2022).- En dos ocasiones y afirmando una “estricta” visión jurídica, la Alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López, insistió el fin de semana en que los normalistas de Ayotzinapa no pueden ser investigados por lanzar un tráiler contra agentes estatales y de la Guardia Nacional en Guerrero, porque éste iba sin conductor.
“En términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto muerto, sin conductor, por ello no hay a quién acusar, pues tampoco hay evidencia de quién (qué individuo en particular) provocó esto”, planteó en una serie de mensajes de redes sociales.
No hay, reiteró la Alcaldesa, argumento legal para culpar al grupo de estudiantes que el viernes utilizó el vehículo de carga pesada contra los agentes en la caseta de Palo Blanco en la autopista de México a Acapulco.
“Si hubiese ido un individuo al volante y hubiese sido detenido, ahora podría ser acusado de intento de homicidio y de varios delitos más.
O el diario @Reforma no entiende en su contexto lo que refiero o no le interesa entender”, expuso sobre los hechos registrados en Chilpancingo.
Añadió que mientras algunos piden mano dura contra estudiantes de Ayotzinapa, su idea es buscar el diálogo como única solución.
Sin embargo, la Fiscalía General de Guerrero confirmó ayer que el grupo de normalistas, del cual no hay nadie detenido, sí está siendo investigado por tentativa de homicidio y lesiones tras aventar el tráiler sin frenos a los cuerpos de seguridad.
Grupo REFORMA confirmó con fuentes ministeriales que la Fiscalía abrió una indagatoria tras la denuncia del departamento jurídico de Soriana, propietaria del tráiler.
De acuerdo con los hechos, tras bajar al chofer por la fuerza, uno de los normalista subió a la cabina y colocó el tráiler en punto muerto, el cual avanzó sin frenos sobre el carril norte-sur de la autopista y se estrelló en un módulo de información turística.
Asimismo, la compañía condenó la acción.
“Condenamos los acontecimientos suscitados en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en la cual un tráiler de la organización Soriana fue robada para después utilizarla en contra de los elementos de Seguridad y Guardia Nacional”, señaló en un comunicado.
Para el presidente del Frente Nacional de Abogados Democráticos en Guerrero, Carlos M. Barbosa, con lo que ocurrió el pasado viernes, lo cual fue registrado en videos, también hay elementos para imputar robo agravado y daños en propiedad ajena.
“Robo porque en forma premeditada se apropiaron de la unidad, obligando por la fuerza al conductor a que se las entregara. Daños porque el tráiler fue lanzado contra los de la Guardia Nacional y se estrelló en un módulo de información turística”, puntualizó el abogado.
En el enfrentamiento las autoridades señalaron que se reportaron 22 elementos lesionados. Mientras que los normalistas indicaron que 20 compañeros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Por su parte, la GN informó que ninguno de sus elementos portaba armas de fuego, sólo equipo protector, resultando lesionados 14 integrantes, con contusiones y quemaduras en el cuerpo y uno de ellos con fractura de tibia.
“Desde el primer momento la GN intentó establecer un diálogo con los manifestantes y ante la negativa, se inició una acción de repliegue apegada el uso proporcional de la fuerza y con respeto a sus derechos humanos”, indicó en un comunicado.
Otros delitos
Para Marx Barbosa, la tentativa de homicidio que ya estableció la Fiscalía responde a que los jóvenes pretendían dañar a las fuerzas de seguridad lanzándoles un vehículo.
El abogado consideró que el movimiento tiene una causa justa, pero está incurriendo en varios delitos.
“Al llevar a cabo este tipo de acciones, los estudiantes están cometiendo una serie de delitos”, expresó.
Barbosa también afirmó que las protestas, realizadas desde hace más de siete años por los normalistas y los padres de los 43 desaparecidos en Iguala, es una corresponsabilidad del Estado.
“Si el Gobierno ya hubiera dado con la verdad y deteniendo a los responsables seguramente los normalistas no estarían cometiendo este tipo de actos”, sostuvo.
Ante ello, puso como ejemplo los casos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero o el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quienes gozan de impunidad.