Tapachula, Chiapas.- Al acudir a la presentación del Diagnóstico Comunitario sobre Tráfico Ilícito de Migrantes en la zona Fronteriza de Tapachula-San Marcos, Guatemala, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda reconoció que los cambios en las dinámicas migratorias han planteado nuevos desafíos que son atendidos mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno y los organismos internacionales.
En la reunión donde participó vía virtual Dana Graber Ladeek, Jefa de Misión OIM México, y de manera presencial Laura Canché Arteaga, Jefa de la Unidad de Migración Laboral y Desarrollo Humano OIM México, y Elí Cruz, titular de la Oficina en Tapachula, Urbina Castañeda ponderó el humanismo y solidaridad de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
“Trabajando en unidad con las agencias internacionales, seguiremos avanzando hacia la aspiración de consolidar a Tapachula como una ciudad solidaria, resiliente y generosa con la población en movilidad, pero además, en un municipio que garantice el bienestar de su población local”, aseguró la alcaldesa.
Acompañada del Secretario General del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Thomas, la alcaldesa enfatizó que la presentación del Diagnóstico Comunitario sobre Tráfico Ilícito de Migrantes en la zona Fronteriza de Tapachula-San Marcos, Guatemala, brindará nuevos elementos para generar capacidades institucionales en la gestión de los flujos migratorios en esta región.
Durante la presentación de este estudio a cargo de Juan de Dios Gutiérrez, asistente en Gestión de la Información de OIM México, se informó que los trabajos realizados por la Organización Internacional de las Migraciones fomentarán un espacio de diálogo e intercambio de ideas, necesidades, retos y buenas prácticas en materia de gestión fronteriza en el contexto actual.
En el evento participaron funcionarios federales, estatales y municipales, representantes de organismos internacionales, de la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos, cónsules y académicos quienes están trabajando desde diferentes frentes en dar una respuesta al fenómeno de la movilidad poblacional en la región.