Tuxtla Gutiérrez, Chis. 19 Julio.- Colectivas feministas chiapanecas demandaron al Congreso del Estado, iniciar la armonización de la reforma constitucional 3 de 3, a través de un proceso legislativo extraordinario, antes del 30 de septiembre, para que en Chiapas alcance el rango constitucional, y la norma sea aplicable en las candidaturas estatales, municipales y locales que habrán de renovarse en 2024, “para que nunca más un violentador acceda al poder”.
Al ser Chiapas, el epicentro de la violencia intrafamiliar, las mujeres exigen que el artículo 38 de la constitucional, sea un asunto de suspensión de derechos políticos y ciudadanos. De manera clara plantean: muerte civil y política a quien vulnere los derechos humanos de las mujeres, los niños y las niñas.
“Es colocar en la constitución y en las leyes reglamentarias necesarias: no ser deudores de pensión alimenticia, no ser agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y no ser agresores en el ámbito publico, político y privado para ser titular del ejecutivo, estatal, titular del ejecutivo municipal, ser diputado o diputada local, ser alcalde, alcaldesa, o ser integrantes del cabildo, sean regidores, regidoras o síndicos, pero también de la administración pública estatal, y también del poder judicial y todas las leyes que se requieran para poder desterrar a los agresores del poder”.
Durante dos días, activistas se reunieron con la feminista y defensora de los derechos humanos, Indira Sandoval en un conservatorio organizado por la diputada Olga Luz Espinoza. Sandoval y la legisladora chiapaneca sostuvieron reuniones con autoridades del poder ejecutivo, con la Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola, así como con integrantes del del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el Tribunal Superior de Justicia y otros, para instalar una mesa de trabajo que permita la creación y configuración de una mecanismo para la implementación del marco jurídico constitucional de la reforma en Chiapas .
“La 3 de 3 contra la violencia busca dignificar la vida publica y elevar los estándares de la responsabilidad institucional y política. Ya no es solamente un asunto de votos, de mayoría de encuestas de prestigio. Hay otros estándares que involucra incluso a los que no votan. A los derechos de los niños, de las niñas, y a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de que cuando es a manos de quien detenta el poder se vuelve una violación todavía mas grave de los derechos humanos”, manifestó Yndira Sandoval.
Al participar en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Sandoval señaló que la 3 de 3 es un parteaguas en la vida democrática del país, por lo que las mujeres demandan igualdad de condiciones en la participación, en la representación, pero también en las reglas del juego, “no queremos a ningún agresor en el poder”.
Por ello instó a la instalación de una mesa de trabajo para la armonización legislativa, “una reforma política electoral a la luz de las gafas violetas, de los derechos humanos de las mujeres. Los derechos políticos electorales de las mujeres son derechos humanos y ahí en ese punto, estamos a tiempo, no hay periodo de receso que limite cuando hay voluntad política que se sesione especifica y expresamente para armonización legislativa en dos sentidos.
“Es indignante que la fracción numero 4 de este artículo 38, se le suspenda los derechos políticos electorales ciudadanos a quien ejerza vagancia y ebriedad, y no a quien desde el poder violente , abandone, acose, vulnere derechos humanos, es totalmente indignante”, agregó.
La activista feminista dijo que en Chiapas como en el resto del país, “vamos tarde, porque llevan 94 años llamándole democracia a un régimen que no ha colocado los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños como un requisito para detentar el poder . Vamos tarde porque todos los días se ejecutan 8 agresiones sexuales por hora en nuestro país, vamos tarde porque hay 750 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar en nuestro país, y vamos tarde porque en falta de responsabilidad hacia las niñas y los niños, dos de cada 3 niños y niñas no reciben la pensión alimenticia”.
Subrayó que se trata un asunto de democracia y de derechos humanos, “porque no puede ser que con las mismas reglas en un país y en un estado, se castigue a una mujer que decida no ejercer la maternidad, pero se premia a un hombre que decide no ejercer la paternidad”.
La defensora hizo un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el estado, para que sean ellos los primeros filtros de confianza y no las coladeras cómplices que dejen pasar a los agresores al poder.
Explicó que al ser la ley 3 de 3 un mandato constitucional, se debe hacer público el registro de deudores alimentarios, cuyo registro lo tiene el Tribunal Superior de Justicia, mientras que el registro de agresores sexuales, lo tiene la Fiscalía General del estado, el de los violentados políticos el tribunal electoral, los que tendrán que ceñirse a la nueva reforma publicada del 8 de mayo del Diario Oficial de la Federación del registro nacional.
“No hay víctimas más importantes que otras, hay agresores con más poder que otros. Pero se les acabó la fiesta de la impunidad . Esos que se sentían intocables, no hay cargo vitalicio en este sistema democrático, tendrán que dar cuentas a la sociedad en su conjunto. Los agresores no solamente no tienen que estar en una candidatura, tienen que que estar siendo investigados, juzgados y sancionados”, manifestó.
Finalmente agregó que la 3 de 3 contra la violencia, si ya esta en la norma, “ahora requerirá ser política pública y un instrumento cercano, efectivo y eficiente, para que tenga como cumplimiento su objetivo que es un asunto de justicia y de derechos humanos”.
Yndira Sandoval se reunió con diferente colectivas feministas, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, para promover la Observatoria Todas MX 2024 que será un mecanismo ciudadano que tendrá como objetivo la denuncia social y visibilización de aquellos candidatos que no cumplan con la 3 de 3 contra la violencia para generar acciones necesarias que permitan que no lleguen al poder.