La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales por 149 millones de pesos como parte de la indagatoria de un presunto desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
De acuerdo con la ASF, las irregularidades en el organismo ascienden a más de 12 mil millones de pesos, entre 2019 y 2020.
Fuentes federales confirmaron que las denuncias fueron presentadas en agosto pasado y turnadas ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.
De los 12 mil millones de pesos, alrededor de 4 mil 160 millones se relacionan al ejercicio 2019.
Además, en la fiscalización 2020, la ASF detectó irregularidades por 8 mil 637 millones de pesos en Segalmex, dirigida entonces por Ignacio Ovalle Fernández, secretario particular del expresidente Luis Echeverría Álvarez, y que opera las tiendas Liconsa, Diconsa y el programa Precios de Garantía de López Obrador.
Y de acuerdo con la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2019 y 2020 operó al interior de Segalmex , de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), una presunta red de corrupción.
Esta fue gestada en la alcaldía Cuajimalpa y dirigida por el exdirector de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, acusado por la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la entrega de múltiples contratos sin licitar, compras simuladas y gastos no acreditados por más de mil 500 millones de pesos en su gestión de tan sólo un año.
Desde hace meses, la FGR y la UIF investigan una trama de corrupción en Segalmex, organismo creado al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado del probable daño al erario en la aplicación de millones de pesos en programas y servicios en los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
Delincuencia organizada
Fuentes consultadas manifestaron que, con tanto dinero desviado, hubo operaciones de lavado de dinero y este delito supone esquemas de delincuencia organizada y se justificaría con la intervención de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Jorge Lara Rivera, exsubprocurador de Asuntos Jurídicos de la entonces Procuraduría General de la República, comentó que se deben analizar las conductas desplegadas por los servidores públicos, porque pudiera constituir el delito de peculado.
dijo que el catálogo de delitos de corrupción es muy amplio, abundó que se debe observar cada una de las conductas, quebrantos y ver qué clasificación jurídica se le otorga.
El también maestro en ciencias jurídico-penales calificó de muy importante que se realice la investigación del caso, porque las autoridades se han destacado por no efectuarlas.