Las autoridades de Tamaulipas, en el noreste de México, ordenaron la detención de 12 policías estatales por su presunta participación en el asesinato de 19 personas, la mayoría migrantes, el pasado 22 de enero.
“Dichas órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas y en las próximas horas los policías serán puestos a disposición de la autoridad judicial”, dijo el fiscal general Irving Barrios la noche de este martes.
En conferencia, el funcionario dijo que los policías fueron detenidos bajo los cargos de homicidio calificado, así como abuso de autoridad, mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes presentados ante una autoridad.
El 22 de enero, las autoridades de Tamaulipas recibieron una llamada anónima que denunció la existencia de dos vehículos incendiados en un camino rural del municipio de Camargo, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
Al acudir al sitio, las autoridades encontraron los restos calcinados de 19 personas en una camioneta de carga, así como otra con marcas de más de un centenar de disparos.
Los forenses han determinado que entre las víctimas había 16 hombres y una mujer. Otros dos cuerpos resultaron altamente calcinados, por lo que aún trabajan en determinar su sexo.
De cuatro personas identificadas, dos eran mexicanos, presuntos traficantes de migrantes, mientras que otros dos eran guatemaltecos.
Se cree que los restantes probablemente eran también del país centroamericano, principalmente de Comitancillos y San Marcos.
Disputa entre criminales
El fiscal Barrios dijo que las líneas de investigación se centran en un crimen producto de la disputa de grupos que buscan controlar las actividades ilegales en la región, como el tráfico de drogas y de migrantes.
Se sabe que ese día hubo más vehículos que transportaban migrantes guatemaltecos y salvadoreños que pretendían llegar a Estados Unidos, además de “sujetos armados que les daban protección y seguridad”.
Varias personas en el país centroamericano ya se hicieron pruebas de ADN convencidas de que sus familiares están entre los fallecidos.
Este caso recordó a muchos la masacre en 2010 contra 72 migrantes en San Fernando, también en Tamaulipas. Incluso Naciones Unidas comparó ambos sucesos y subrayó que los familiares de aquellas víctimas siguen “en búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
Pero el gobierno mexicano rechazó tajantemente el pasado miércoles que las circunstancias de aquel crimen por el que no hubo responsables detenidos se vayan a repetir.
“No es un San Fernando, ¿por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente (…). No va a haber impunidad, y también la identificación de los cuerpos”, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.