Ciudad de México. El ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero ordenó el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, afirmó: “lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones (del ataque cometido contra estudiantes frente al Palacio de Justicia estatal) fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.
Informes de 2016 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) refieren que el autobús 1531, atacado por elementos de las policías municipales de Iguala y Cocula, trasladaba a 20 estudiantes y que, tras ser obligados a descender del transporte, fueron entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Aguirre Rivero fue detenido en la carretera México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, en el estado de México, a las 9:46 horas de ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, donde quedó a disposición del juzgado segundo de distrito en materia penal.
En un mensaje a la nación, la titular de la FGR señaló que el perredista Aguirre Rivero –quien gobernó Guerrero del primero de abril de 2011 y renunció al cargo el 23 de octubre de 2014– ordenó destruir las evidencias de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando “el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala”.
Las grabaciones registraron el momento en que el vehículo era detenido por policías municipales y estatales; posteriormente se reportó la desaparición de varios estudiantes, informó la titular de la FGR.
Entre los elementos que sustentan la presunta responsabilidad de Aguirre Rivero en el ocultamiento y destrucción de pruebas, la funcionaria explicó: “las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material (las grabaciones de las cámaras de vigilancia) no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa”.
Agregó que “en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones, y señaló a quien la sustrajo para entregarlas directamente” al ex gobernador.
Las investigaciones lograron obtener, en mayo de este año, el testimonio de “un segundo testigo protegido”, que robusteció lo antes mencionado al señalar que Aguirre Rivero “ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
Aseguró que la FGR “cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.
Asimismo, señaló que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Aguirre Rivero por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
En este caso fue detenida, en mayo de 2025, Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien permanece sujeta a proceso. Aunque inicialmente se le dictó prisión preventiva, en abril pasado se le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.