En 2017 Rogelio Arellano fungió como presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Teniente José Azueta, en San Juan Amecac, municipio de Atzitzihuacan -en las faldas del volcán Popocatépetl- y, entonces, junto con otros padres y madres, se organizaron para conseguir la rehabilitación de las instalaciones dañadas por el sismo del 19 de septiembre de ese año.
Después de 10 meses la reconstrucción quedó lista. No solo eso, recibieron más: una biblioteca, mobiliario para la sala de cómputo y equipamiento como pupitres nuevos; pero hay un detalle, no por cuenta del gobierno del estado de Puebla. Ahí intervinieron las fundaciones BBVA Bancomer, Kaluz, además de la organización Mexichem y el Nacional Monte de Piedad.
Lo que no supo Rogelio, hasta ahora, cinco años después, es que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), durante el mandato del gobernador Antonio Gali Fayad, otorgó en adjudicación directa un contrato por más de 26 millones de pesos para reconstruir esa y otras 141 escuelas que resultaron con afectaciones menores.
Esta investigación tuvo acceso a 56 documentos entre actas del Registro Público del Comercio, reportes de contratos de obra, informes oficiales del gobierno federal y del estado, oficios de transparencia y, adicionalmente, a la revisión física de 35 instituciones educativas y 15 domicilios fiscales, que dan cuenta de un gasto de 134 millones 562 mil 984 pesos.
De ese total, 26 millones 191 mil 920 pesos corresponden a un contrato que involucró a 142 escuelas de los municipios de Atlixco, Atzitzihuacan, Tochimilco, Acteopan, Ocoyucan y Santa Isabel Cholula, en obras que no se hicieron, se ejecutaron por personal propio del gobierno o, en su caso, corrieron a cargo de padres de familia y de fundaciones, pero se pagaron a una empresa: Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V.
El resto, 108 millones 371 mil 064 pesos, se pagaron a otras cuatro empresas, una inscrita en el listado definitivo de contribuyentes con actividades inexistentes y, las tres restantes, creadas con datos falsos, al usar identidades de personas y domicilios que no corresponden a ninguna actividad empresarial. A este grupo le encargaron la reconstrucción de 445 escuelas.
Una historia de corrupción.
El caso de la Escuela Secundaria Técnica Teniente José Azueta exhibe la corrupción en la reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Rogelio Arellano relató que días posteriores al temblor, llegaron trabajadores enviados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y CAPCEE para comenzar con las obras, pero bastó con que intervinieran un salón para que detectaran la aplicación de una medida superficial en lugar de una de fondo.
“No nos gustó lo que estaban haciendo así que fuimos a la SEP a quejarnos; les dijimos que estaban realizando mal la obra, que solo tomaban fotos y no hacían nada en realidad”, contó el entonces presidente del Comité de Padres de Familia de la institución.
“Les dijimos que enviaran a alguien que sí supiera, que no solo quisiera remozar y ya, y nos respondieron que no tenían presupuesto, que iban a parar esos trabajos y que viéramos de dónde obteníamos dinero porque no había”, añadió.
La única intervención gubernamental en ese momento consistió en que la SEP puso en contacto a papás y mamás con la Fundación BBVA Bancomer. Personal de la institución altruista acudió a la escuela, levantó inventario de daños, elaboró un plan de trabajo y en un año todo quedó listo con recursos privados.
Rogelio afirmó que no existió un solo peso público en la reconstrucción de la escuela que tuvo un costo de 4.5 millones de pesos. Todo lo cubrieron la fundación del banco, la Fundación Kaluz, la organización Mexichem, así como el Nacional Monte de Piedad.
En el acceso de la escuela hay una placa conmemorativa fechada el 8 de septiembre de 2018 con la que dan cuenta de la intervención para recuperar los espacios dañados por el sismo.
En el documento denominado “Libro blanco. Acciones Realizadas para la Reconstrucción de los Municipios Afectados en el Estado de Puebla por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017”, la administración de Gali Fayad reportó, en la página 124, con datos del CAPCEE, un avance del 100 por ciento en la reconstrucción del plantel, con la intervención de BBVA.
Sin embargo, el gobierno estatal adjudicó de manera directa el contrato CAPCEE-128/2017-FED-B a favor de la empresa Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V. para rehabilitar 142 escuelas, entre ellas la Secundaria Técnica Teniente José Azueta, que en su caso estaba reportada solo con daños menores y requería una obra por un monto de 250 mil pesos.
Rogelio Arellano explicó que toda la documentación de la obra quedó archivada en la escuela pero que él y los demás integrantes del comité, observaron y revisaron los gastos que cubrió BBVA.
“Está claro que aquí hay algo mal, porque no hubo una empresa, ni siquiera para hacer algo menor y no fue daño menor, tanto así que al final todo costó 4.5 millones de pesos, nosotros lo vimos”.
“Reforzaron los muros, los techos de las aulas, construyeron una biblioteca y nos dotaron de una sala de cómputo, pero eso lo hicieron ellos (la fundación), no el gobierno ni una empresa enviada por el gobierno”, precisó.
El contrato CAPCEE-128/2017-FED-B.
El 7 de octubre de 2020, durante una conferencia de prensa en línea, el gobernador Miguel Barbosa afirmó la existencia de 162 obras de reconstrucción en igual número de escuelas dañadas por el sismo “que no se hicieron” y lo calificó como un acto de corrupción.
Sobre esas declaraciones, el 7 de junio de 2021 el CAPCEE transparentó el número de contrato CAPCEE-128/2017-FED-B con listado de 142 escuelas -con nombre, localidad, municipio, clave de centro de trabajo y monto de la rehabilitación por cada una-.
En ese oficio confirmó la adjudicación directa a favor de la empresa Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V., presentando como administrador único a Marco Emilio Martínez Traslosheros, persona que aparece como principal accionista de la sociedad anónima que inició con una inversión de 3 millones de pesos.
Según el acta de constitución de sociedad ingresada al Registro Público de Comercio de Puebla, del 16 de octubre de 2015, incorporó 20 objetos sociales de la compañía, desde “asesoría, consultoría, planeación, construcción y desarrollo de toda clase de proyectos constructivos” hasta representación de terceros, adquisición de patentes, y manufactura de pasatiempos educacionales.
Martínez Traslosheros reportó como domicilio fiscal la casa número 120 de la Avenida Tehuacán Sur, en la Colonia La Paz de la ciudad de Puebla. Esa dirección es inexistente. En la vialidad de referencia la casa ubicada en la esquina corresponde al número 15 de la Avenida Matamoros y junto se ubica el número 122 de Tehuacán Sur, posteriormente 124 y luego 128.
Nadie en esa calle conoce a la persona que se presentó como administrador y accionista de Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V. “Nosotros tenemos años aquí con el negocio, porque es una casa de la familia, y nunca habíamos escuchado de ese señor ni de esa empresa”, contó un comerciante, vecino de la calle.
De las 142 escuelas encargadas a esa empresa, las obras se ejecutaron con recursos propios de las instituciones educativas, aportaciones de padres de familia, intervención de fundaciones o acción directas del personal del CAPCEE, pese a que era una obra adjudicada.
Los rastros de la ilegalidad.
Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V. estaba a cargo de la obra de reconstrucción en la Escuela Primaria Oficial Antonio Garfias, en Atlixco, Puebla, y de acuerdo con el testimonio de su directora Laura Amaro, la rehabilitación de tres salones corrió por cuenta del gobierno municipal y de la dirección del CAPCEE.
En la Escuela Oficial Antonio Serrano, también de Atlixco -en la región Popocatépetl-, se hizo la intervención de los espacios afectados, pero a cinco años de distancia, aparecieron de nueva cuenta las fallas estructurales.
Como prueba un maestro que pidió reservar su identidad mostró que, en uno de los muros de un salón ubicado en el segundo patio del colegio, empieza a botarse la obra. Se observan seis abultamientos; de uno sobresale un pedazo de madera, presuntamente colocado para reforzar la pared.
“La gente de CAPCEE vino a realizar la obra en su momento (2017) pero vea ya como está y es un riesgo porque otro sismo y entonces si se cae el salón”, comentó el docente.
El contrato también establecía la intervención de las instalaciones de la Escuela Centro Obrero Federal, localizada en la Calle Constitución número 4, en el Centro de Atlixco y cuyo costo ascendió a 604 mil 674 pesos. Pero no hubo reconstrucción.
Debido a que trasladaron a la comunidad estudiantil a inmueble nuevo, el edificio del siglo XVIII se utilizó para las oficinas de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE 16) y la Supervisión de Zona Escolar 015.
“Aquí no hubo reconstrucción. Hay dos o tres salones al fondo que quedaron destruidos por el sismo, ni siquiera se puede entrar porque quedaron bloqueados, y no dejaron ni intervenir la fachada”, comentó un empleado de la CORDE.
“Es un peligro porque así venimos a trabajar, con esos espacios dañados”, agregó. Este punto se ubica a un costado del Palacio Municipal de Atlixco que resultó afectado de manera grave y con una reconstrucción avanzada. Se solicitó una entrevista con el responsable de Protección Civil de la CORDE 16, pero declinó.
Las irregularidades son la constante a las faldas del Popocatépetl. La Escuela Benito Juárez de San Juan Amecac, perteneciente a Atzitzihuacan, también estaba enlistada en el contrato de reconstrucción, pero su director Pedro Nolasco Lara confirmó que esas obras las ejecutaron con recursos propios.
El caso de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, en Tochimilco, es más crítico. De ocho salones afectados, padres de familia contaron que demolieron dos y reconstruyeron dos, sin embargo, el equipo enviado por CAPCEE no volvió y dejaron en abandono otros seis en donde aún son visibles los daños.
“Tiraron unos y construyeron dos aulas nuevas, pero lo demás ya lo dejaron, así como quedaron después del sismo. Ahora los usan de bodega, porque son un peligro para los estudiantes, pero ya no hubo obra”, cuenta una mamá.
El gobierno de Miguel Barbosa mantiene una investigación abierta por los presuntos casos de corrupción, aunque el CAPCEE reservó toda la información relativa al proceso con el argumento de que podría trastocar la indagatoria que se lleva a cabo.
Factureras, fantasmas y desvíos…
En octubre de 2017 el director de desarrollo y Seguimiento Operacional y secretario ejecutivo del Comité de Obra Pública del CAPCEE, David Rodríguez Sánchez, envió el oficio interno CAPCEE.D.D.S.O/741-1APIN/17 al director jurídico de la misma dependencia, Antonio Velasco Arguello en el que solicita la contratación de obra para la reconstrucción de escuelas.
En ese oficio se da cuenta de empresas como Infraestructuras Globales 220 S.A. de C.V., Sayte Construcciones S.A. de C.V., Jawhar S.A. de C.V., Arkon Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V., Urbanizadora ADRP S.A. de C.V. y Liceaga Arquitectura, Diseño y Construcción S.A. de C.V.
En este apartado destaca Jawhar S.A. de C.V. que el 27 de agosto de 2019 ingresó al registro definitivo de empresas con actividades inexistentes, a la que había otorgado contrato por 20 millones 831 mil 895 pesos para reconstruir escuelas.
De la revisión del acta constitutiva de esa empresa se observó que su principal accionista, José Desiderio de la Luz Aguilar también quedó registrado en el listado del Sistema de Administración Tributaria (SAT) como facturero, lo que se asentó en la edición del 18 de febrero de 2020 del Diario Oficial de la Federación.
Este personaje también creó la compañía Delalu S.A. de C.V., junto con la misma persona con la que registró a Jawhar S.A. de C.V., presuntamente una mujer a la que robaron su identidad, a quien se buscó, pero se mudó del domicilio reportado en el Registro de Comercio de Puebla.
Al igual que la persona física y moral, Delalu S.A. de C.V. igualmente está inscrita en el listado correspondiente a las empresas factureras -según términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
La firma Arkon Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V. no está en la lista del SAT, sin embargo, al buscar su domicilio fiscal y los de sus accionistas, resultó que en esos puntos habitan familias ajenas a cualquier actividad empresarial o del sector de la construcción. Esta firma recibió 10 millones 131 mil 813 pesos para la reconstrucción de escuelas.
De acuerdo con el padrón de proveedores del Gobierno de Veracruz, esa compañía se ubica en Díaz Covarrubias Número 5 de la Colonia Ejido 1 de Mayo, en el municipio de Boca del Río.
En el portón de color blanco del inmueble hay un logotipo con el nombre de la empresa, pero en su interior hay departamentos en donde residen diferentes familias.
Vecinos, que pidieron no identificarse, explicaron que más de 10 años atrás ahí operaba una compañía dedicada a producción y venta de equipos de ventilación y aire acondicionado, pero que cerró y el dueño rentó los cuartos.
En el Registro Público de Comercio de Veracruz aparecen como accionistas Juan A. Sosa Avilés, que presentó como dirección Salvador Sarabia Número 8, en la Colonia Ejido 1 de Mayo Sur, también en Boca del Río.
Se trata de una casa de un nivel y desde su interior se asomó un hombre que se identificó como Luis. Afirmó que siempre fue empleado y no empresario y negó relación alguna con Arkon.
“Me estoy reponiendo de una parálisis que sufrí. Mis hijos me traen de comer y yo solo descanso; pero no sé nada de esa empresa, aquí es mi casa de muchos años y no sé por qué dieron mi dirección”, dijo.
A lo largo de 400 metros sobre la Calle Salvador Sarabia hay otros dos domicilios con el mismo número: el 8. También se buscó a Sosa Avilés ahí y los habitantes tampoco reconocieron a esa persona ni a la empresa.
En los registros de la compañía aparece Gerardo Mixtega Cruz como accionista menor que notificó como domicilio fiscal el número 97 de la Calle Rastrillo del Fraccionamiento El Cortijo, en la periferia del puerto de Veracruz.
Es una pequeña unidad habitacional, popular, en donde dos mujeres, una de ellas menor de edad, aseguraron ser las auténticas dueñas de la vivienda, en realidad un pie de casa.
“Aquí tenemos ya unos años, el dueño nos vendió la casa y ahora es de nosotras”, dijo una de las mujeres.
“Usted puede vernos, no somos personas de dinero ni de problemas, no sabemos más de empresas ni de constructoras, y quién sabe quién sea ese hombre”, insistió la mayor.
Una vecina salió de su casa interesada por la plática e intervino: “¿ese hombre (Gerardo Mixtega) no era el que te vendió la casa?”, le preguntó a su amiga.
“Con la que traté fue con la esposa del dueño, pero no sé nada”, reiteró y declinó ofrecer más declaraciones.
Liceaga Arquitectura Diseño y Construcción S.A. de C.V. reportó domicilio fiscal en Calle Félix Parra Número 131 en la Colonia San José Insurgentes, interior A 201. En el sitio nadie identificó a la empresa ni a los socios. Esta firma recibió un contrato por 10 millones 567 mil 523 pesos.
Urbanizadora ADRP S.A. de C.V. aún se encuentra activa, al menos eso informaron en su domicilio fiscal. Ahí una mujer confirmó que se trataba de una oficina de la empresa pero que no había quien atendiera los cuestionamientos.
Esta compañía, no obstante, aparece como una de las que más contratos obtuvo en la época del gobierno de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, con 27 por un monto de 152.6 millones de pesos.
Las obras que le correspondieron son las únicas que presuntamente se concluyeron en los periodos contratados.
“¿Cree que soy empresario?”
Un día de agosto Juan Serrano, dedicado a la hojalatería, sintió trastocada su tranquilidad. De condición humilde, residente de una colonia popular, de pronto supo que su identidad fue utilizada en la creación de una empresa que recibió un contrato para reconstruir escuelas dañadas por el sismo.
Según el acta de constitución de sociedad de julio de 2013, inscrita en el Registro Público de Comercio de Puebla, Juan registró la empresa Sayte Construcciones S.A. de C.V. con un capital de 2 millones de pesos, junto con su socia accionista Diana Lara Palacios.
Posteriormente, en asamblea de noviembre de 2018, se registró la compra-venta de acciones por la que Serrano dejaba de ser socio, al vender su parte en un millón de pesos, a favor de Antonio Salinas Maldonado, asentado en el folio mercantil 49993 del instrumento 20990 volumen 239.
Finalmente, ya sin la identidad de Juan Serrano, liquidaron la sociedad de Sayte Construcciones S.A. de C.V. en agosto de 2019, según el instrumento 7514 del Registro Público de Comercio.
El domicilio registrado en la documentación corresponde a la casa de Juan, en la Colonia Vista del Valle localizada a un costado de la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala.
Manifestó su sorpresa porque nunca ha trabajado para el gobierno, ni para un político; tampoco ha sido empresario y, por el contrario, su vida la identifica como de condición humilde.
“¿Usted cree que soy empresario? Si tuviera el dinero que dicen que tengo, si tuviera una empresa, ya no estaría aquí”, respondió, incrédulo.
“Tengo este taller de hojalatería porque tuve la oportunidad de este terreno, pero aquí gano de 600 a 800 pesos a la semana, con suerte mil o mil 200, es obvio que me robaron la identidad para hacer sus tranzas”, dijo, enojado.
¿Usted no sabía nada? -se le preguntó.
No, no estaría aquí. No tengo nada que ver -respondió.
¿En algún momento alguien le pidió un favor a cambio de dinero? ¿Dar su nombre para esto, para crear una empresa? -se insistió.
Nunca. Apenas me comenta todo esto y estoy impactado. No sé quién fundó esa empresa, quién la creó, pero no fui yo, ni tengo dinero de la venta de las acciones que me cuenta. -añadió.
El taller de hojalatería de Juan es un cuarto de menos de 60 metros de frente por otro tanto de largo; es de block y algunas partes lucen aún en obra negra. Su casa, en la misma colonia, está en una calle sin pavimentar, al pie de una barranca.
Sin saberlo, prácticamente durante una década su nombre estuvo inmiscuido en un negocio al que beneficiaron una vez con un contrato de poco más de 67 millones de pesos.
Crédito. Francisco Rivas