El gobierno federal comenzó la aplicación del plan de protección de amenazas de la delincuencia organizada y de cuello blanco a candidatos del país rumbo a las elecciones del 6 de junio.
El gabinete de seguridad indicó que hay regiones del país donde, a través de la historia, miembros del crimen organizado y criminales de cuello blanco imponían candidatos y amenazaban a sus contendientes mediante campañas de miedo.
Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se detalló que en las elecciones federales de 2018 se registraron más de 150 asesinatos políticos.
En el caso particular de Guerrero, de 2005 a la fecha ha habido 48 homicidios.
Al presentar un mapa del monitoreo diario hecho el jueves 11 de marzo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se indicó que —ese día— Flor María Badilla Sánchez, candidata suplente a la alcaldía de Isla Mujeres, Quintana Roo, por el Partido Redes Sociales, fue asesinada mientras se encontraba en el bar Casa Blanca.
También en ese monitoreo, la SSPC reportó que el Partido Encuentro Solidario (PES) registró como candidato a la gubernatura del estado de Michoacán a Hipólito Mora Chávez, exdirigente del grupo de autodefensas, “que hace ocho años se levantaron en armas en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec”.
En Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo explicó que en las mesas estatales de seguridad se evaluará cada caso que se presente en este proceso electoral.
“Vimos en la mañana lo del plan de protección a candidatos, [que busca] protegerlos de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, o sea, los que son amenazados, incluso que pierden la vida porque el crimen, la delincuencia quiere mandar, dominar en un municipio, en una región.
“Entonces, hay un plan que se está llevando a cabo. Ya inició para darle protección a todos los candidatos frente a amenazas, porque ha habido candidatos que pierden la vida y hay que protegerlos, sobre todo en estos tiempos”, aseguró.
En el Salón Tesorería, el Mandatario federal detalló que los eventos se clasifican por “hecho grave”, “hecho relevante” e “información preventiva”.
“Hay una investigación, hay una carpeta, llega a la mesa u oficiosamente, o sea, se sabe o cualquier persona presenta una denuncia a la mesa, aquí está la mesa de estrategia y autoridades competentes. Esta mesa se reúne todos los días en todos los estados, o sea, aquí en Palacio, pero se replica en las 32 entidades federativas (…).
“Se hace análisis de riesgo, esquema de protección, un plan individualizado de protección, porque son casos totalmente distintos, se implementa —si se requiere— protección, si son amenazas hay que [dar] seguimiento y evaluación, y el reporte diario del caso”, explicó el Presidente.
De acuerdo con el mapa de riesgos de la Estrategia de protección en contexto electoral, presentado el pasado 4 de marzo por el gobierno federal, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe el mayor peligro de que los aspirantes y candidatos a un cargo de elección sean cooptados por la delincuencia organizada en las próximas elecciones.
En tanto, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco concentran más de 50% de los eventos de violencia política.
En su diagnóstico se menciona que, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, se han registrado 73 delitos relacionados con violencia política, de los cuales —lamentablemente— hubo 64 personas víctimas de homicidio en ciertas regiones del país.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) registra al menos 15 incidentes de violencia política para el proceso de 2021: 11 homicidios en Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco; dos agresiones en Nuevo León y Baja California Sur, y un secuestro y una extorsión, respectivamente, en Jalisco.
Ante el riesgo de la intromisión del crimen organizado y de la delincuencia de cuello blanco —sobre todo a nivel municipal, para más de 21 mil candidatos a cargos de elección en los próximos comicios—, se implementó el programa, para que no haya candidatos a modo.
El Ejecutivo dijo que el objetivo es garantizar que los comicios transcurran en libertad.