Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, se reunió con las integrantes del Frente Estatal de Mujeres Indígenas Empoderadas de Chiapas (Femiech), ante quienes reiteró su compromiso de prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas.
Tras escuchar sus propuestas y peticiones, Gómez Hernández puntualizó que el Gobierno de Chiapas impulsa políticas públicas focalizadas en atender las problemáticas que enfrentan y proteger sus derechos para una vida libre de violencia, asegurando que en la entidad hay una Fiscalía que garantiza el acceso a la justicia a las víctimas, con perspectiva de género.
El fiscal general del Estado las exhortó a fortalecer en sus comunidades la cultura de la denuncia y les ofreció redoblar esfuerzos en la atención y acompañamiento, con un servicio directo y pleno respeto a sus usos y costumbres, con el objetivo primordial de salvaguardar su bienestar.
En este encuentro, en el que estuvieron presentes la fiscal de la Mujer, Yazmín Sierra López; la fiscal de Derechos Humanos, Fabiola Ivonne Huerta Salvá; la fiscal contra la Trata de Personas, Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano; y el fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, Gómez Hernández puso a disposición de las integrantes del Femiech, la coordinación directa con estas fiscalías, a fin de garantizar una impartición de justicia pronta y expedita a las mujeres y las niñas en las comunidades indígenas.
“Siéntanse escuchadas, atendidas, acuerpadas con este contacto directo con las fiscalías. El compromiso es que los hechos delictivos que puedan derivarse los vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias”, afirmó.
María Leticia Pérez Sánchez, presidenta de esta agrupación, agradeció el recibimiento y apoyo decidido del fiscal, además, destacó el trabajo realizado al frente de esta dependencia y ofreció laborar de manera coordinada en acciones que fortalezcan la igualdad, la paridad de género y la política de cero tolerancia y cero impunidad a la violencia contra las mujeres.
Finalmente se acordó replicar en las comunidades y en lengua materna, acciones para la prevención del delito, así como capacitación en temas de derechos humanos y prevención de la violencia.