Once países críticos de Venezuela reiteraron su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con la que ratificó la victoria de Nicolás Maduro frente a su opositor Edmundo González y expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas ciudadanas en calles de Caracas tras el anuncio de la tercera reelección del mandatario.
“Pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”, aseguraron este viernes en un comunicado conjunto los 11 países en lo que está Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
“Los países que suscriben reiteran que sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela“, afirmaron.
Recordaron que anteriormente desconocieron la validez de la jornada electoral venezonala, debido a que se impidió el acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial de los votos tras el cierre de casillas, además, de la reserva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de publicar las actas electorales con los resultados oficiales y el rechazo a aceptar una auditoría imparcial.
“Continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente”, aseguraron.
Desde la votación y las protestas antigubernamentales que le siguieron, el gobierno de Maduro llevó a cabo lo que la oposición, grupos de derechos humanos y sindicatos han caracterizado como una ofensiva contra sus críticos.
Esas acciones han incluido la detención de manifestantes y representantes de partidos opositores y una investigación a los dos rostros más conocidos de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, por supuestamente incitar a los militares a cometer delitos.
También se aprobó una ley que endurece las normas sobre las ONG y se produjeron renuncias forzadas de empleados estatales que supuestamente apoyan opiniones a favor de la oposición.
Con información de Reuters