El Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). Se negoció la permanencia y participación activa en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), la creación de una fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género y trata de personas, y la independencia política de su titular, que será designado por este órgano legislativo.
En sesión a distancia, el proyecto de decreto logró el apoyo, en lo general, de senadores del bloque de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que sumaron sus votos a los de la mayoría Morena-PT-PES-PVEM.
Esto se logró luego de la negociación de última hora de una adenda que vino a resolver uno de los puntos más polémicos del dictamen: la permanencia de la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda, que no estaba contemplada inicialmente.
En materia de reconocimiento a las víctimas, también se aprobó que la fiscalía participe como integrante en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en la Comisión contra la Trata de Personas y en el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
Además, la integración de un consejo ciudadano cuyo propósito es mejorar la intervención de la Fiscalía en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Tortura.
“En este dictamen presentamos una serie de modificaciones mediante una adenda, que contribuirá a dejar claro que la Fiscalía General seguirá participando activamente en responder a las justas exigencias de las familias de personas desaparecidas en el país, para lograr acercarlas a la verdad y a la justicia que reclaman”, dijo Ricardo Monreal, líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.
“Otro de los temas relacionados con las víctimas, y por supuesto con su apoyo, ha sido el mecanismo de apoyo exterior y la creación de comisiones especiales, que tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición”, dijo Miguel Ángel Mancera (PRD).
El proceso de transformación de la FGR que inició con la ley orgánica que aprobó el Senado en 2018 preveía que tras un año el fiscal, tomando como base la experiencia en la aplicación de la ley, podría hacer propuestas de modificación al marco normativo de la institución.
Desde el pasado periodo de sesiones el proyecto quedó pendiente porque no se habían alcanzado acuerdos (incluso en Morena) sobre la autonomía política y financiera del fiscal ni sobre el papel que tendría este organismo autónomo en la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los integrantes del bloque opositor reconocieron que en la minuta que se envió a la Cámara de Diputados para su análisis se hacen explícitos los derechos de las víctimas, que habían sido obviados en la iniciativa original; además, se garantiza el rol del Senado que como instancia revisora debe aprobar no sólo el nombramiento del titular y, en caso dado, las causas de su renuncia, sino el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que también había sido borrado.
Se incorporan los requisitos que prevé la Constitución para el nombramiento del fiscal, se establece la suplencia y que la renuncia sólo procederá por causa grave calificada por el Senado.
Pese a estos avances, persistieron las críticas de la oposición, que señaló que si bien la iniciativa es un avance no debe ser tomada como un cheque en blanco. Algunas críticas giraron en torno a la eliminación de la facultad de atracción de delitos locales de la FGR a petición de las víctimas, lo que era un derecho adquirido y la discrecionalidad para que un asunto que sea competencia de una fiscalía especializada se pueda enviar a otra.