Han pasado siete años desde el sismo del 19 de septiembre del 2017; también pasó un sexenio morenista que prometió terminaría la reconstrucción, aunque hasta la fecha no le ha cumplido a centenas de familias en la Ciudad de México.
Un ejemplo es Ámsterdam 269, ubicado en el corazón de la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, que aunque hoy se reconoce como un predio “en proceso de reconstrucción” por parte del Instituto de la Vivienda capitalino (Invi), antes albergaba un edificio de 13 pisos que resultó dañado tras el temblor.
Las autoridades prometieron reconstruirlo, incluso en junio de 2019, el entonces comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, presumió en sus redes sociales que iniciaron la demolición del inmueble.
Las familias han vivido una odisea para poder regresar a sus casas; apenas a principios del 2023, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) por fin les había otorgado la Constancia de Derechos Adquiridos y Redensificación ( CDAyR), es decir, el permiso “que reconoce su derecho a la redensificación con base en las características del edificio que tenían previo al sismo”.
Lo único que les faltaba para poder comenzar la reconstrucción de su inmueble era la asignación de recursos por parte del gobierno, con base en la Ley de Reconstrucción, que en este caso establecía la construcción de 20 departamentos en 17 niveles.
Unos meses después, la propia Seduvi les requirió el permiso bajo el argumento de “corregir” un error en el metraje establecido previo al sismo, pasando de 2 mil 153.27 a 2 mil 414.76 metros cuadrados, buscando así un nuevo proyecto.
Este inmueble forma parte del proyecto de redensificación, un modelo en el que el gobierno plantea financiar la reconstrucción a través de la construcción de más viviendas de las que existían para después ponerlas a la venta por la constructora.
Sin embargo, de acuerdo con los vecinos afectados, los derechos otorgados y plasmados en los permisos otorgados en más de seis años, fueron violentados por el Invi y por la Comisión para la Reconstrucción, obligando a los propietarios a ceder parte de su metraje original y el predio al Invi quien, denuncian, modificó el proyecto y asignó a una constructora de su elección, yendo en contra de lo pactado, de acuerdo con los damnificados que aseguran haber respetado y cumplido con el proceso de reconstrucción impuesto por las autoridades.
Como este ejemplo hay decenas más, tan sólo la Comisión de Reconstrucción reporta más de mil 700 viviendas aún pendientes por entregar, de las cuales 212 aún están a la espera de iniciar el proyecto.
Para las familias afectadas de Ámsterdam 269, este proceso ha sido complicado por lo que señalan como “graves faltas administrativas”, entre las que mencionan la ilegalidad al no respetar derechos otorgados, por la discriminación y falta de equidad en la asignación de los recursos.
“Somos muchos, muchísimos predios los que faltan, pero insisto, la constante en el proceso de reconstrucción es la simulación de actos por parte de las autoridades, y por el temor que los damnificados tienen por no poder regresar a sus hogares a siete años del sismo gracias a un proceso de reconstrucción que cambia a capricho de las autoridades y la asignación inequitativa de los recursos”.
“El estado de indefensión en el que nos encontramos los damnificados ha hecho que muchos acepten las condiciones ventajosas de las autoridades que siguen aplazando la reconstrucción y buscan lucrar con nuestra tragedia, en la actualidad con tanta problemática social cada vez se hace más difícil obtener el apoyo de la sociedad civil (…) pero la realidad es que con un gobierno así, caminas en la cuerda floja”, reclamó en entrevista Carolina, afectada por el retraso de la reconstrucción de Ámsterdam 269.
Carolina señala estar inconforme con la inoperancia y la ineficiencia del gobierno en turno, que no respeta los acuerdos ni garantiza los derechos ya otorgados que tendrían que asegurar un proyecto aprobado en su totalidad.
“La ley de reconstrucción es clara para definir los derechos y beneficios de los damnificados afectados por el sismo del 2017; son los funcionarios públicos y las instituciones opacas que hacen uso político de la vivienda, como el Invi, los que nos violentan”, reclamó Carolina a las autoridades capitalinas.