El gobierno japonés instó a Seúl de “corregir la infracción” conforme a la ley internacional para reentablar relaciones; un tribunal coreano instó a Tokio pagar compensación a las esclavas sexuales durante la imperialismo en la península.
El gobierno de Japón acusó el lunes a Corea del Sur de empeorar los ya tensos lazos al hacer demandas de compensación “ilegales” por el abuso sexual que sufrieron mujeres surcoreanas y el uso de trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial y el imperialismo japonés.. Durante un discurso sobre política diplomática en el parlamento, el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, indicó que un fallo judicial reciente que ordena a Japón a compensar a 12 mujeres surcoreanas que fueron abusadas sexualmente en burdeles militares durante la guerra era “un acontecimiento anormal absolutamente impensable bajo la ley internacional y las relaciones bilaterales”. “Exhortamos enfáticamente a Corea del Sur a corregir la infracción a la ley internacional en cuanto sea posible” y restaurar las relaciones saludables, indicó Motegi.
El tribunal del distrito central de Seúl aceptó la demanda de 12 esclavas sexuales surcoreanas planteada en 2013 para que el gobierno japonés compense a cada una con 100 millones de wones (unos 91 mil 155 dólares / un millón 794 mil 055 pesos mexicanos). Las demandantes aseguran que fueron engañadas o forzadas hasta acabar ejerciendo como esclavas sexuales para las tropas niponas antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Solo cinco de estas 12 mujeres demandantes aún siguen vivas, ya que muchas de las esclavas sexuales (a las que el Gobierno nipón se refiere eufemísticamente como “mujeres de confort”) ya fallecieron. Solo sobreviven 16 de las víctimas registradas por la Administración surcoreana. Se calcula que unas 200 mil niñas y adolescentes en Asia, la mayoría coreanas, fueron víctimas de abusos sexuales por las tropas imperiales japonesas desde los años 30 del siglo pasado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Tokio ha defendido desde el principio que esta demanda debió ser sobreseída con base en la inmunidad soberana, doctrina legal que considera impropio que un tribunal extranjero dictamine la confiscación de activos de otro país. Por su parte, la defensa de las demandantes ha argumentado que la inmunidad soberana no debería aplicarse en caso de crímenes de guerra o contra los derechos humanos. Esta sentencia es el enésimo episodio en el conflicto entre Seúl y Tokio a cuenta del legado colonial japonés sobre la península coreana, la cual dominó entre 1910 y 1945. También llega después de que el actual gobierno surcoreano desechara un acuerdo bilateral firmado en 2015 entre Tokio y la anterior administración conservadora en Seúl para compensar a esclavas sexuales con unos 8 millones de dólares, al argumentar que se acordó a espaldas del público y de las afectadas.
Japón llamó al día siguiente, el 9 de enero, a consultas al embajador surcoreano en Tokio para protestar por la sentencia del tribunal de Corea del Sur. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón convocó al embajador Nam Gwan-pyo para transmitirle su descontento con el fallo, al que califican de “lamentable” e “inaceptable”, dijo en su momento el vocero del ejecutivo japonés, Katsunobu Kato, en declaraciones a los periodistas poco después de conocerse el veredicto pionero. “Con base en la inmunidad soberana (doctrina legal que considera impropio que un tribunal extranjero dictamine la confiscación de activos de otro país), Japón no se inmiscuirá en el sistema jurídico de Corea del Sur. Sin embargo, mantenemos la postura de que (el fallo) debe ser rechazado”, declaró Kato.